La transparencia y la sostenibilidad, aplicadas a la gestión empresarial, son opciones que, una vez adoptadas, son irrenunciables, como sucede con la maternidad.
Este es el principal temor de muchos para integrarlas en sus estrategias, aunque todavía hay algunos que discrepen e intenten retrotraerse al momento t-1 cuando la tormenta arrecia.
Precisamente hace pocos días tuve la ocasión de asistir a una jornada sobre este asunto, en el marco de la semana de la Inversión Socialmente Responsable organizada por Spainsif (Aprovecho para dar la enhorabuena desde aquí a todos ellos, que siempre consiguen atraer los mejores ponentes y suscitar jugosos debates). Señaló en ella el profesor Tomás Garicano, director del centro de gobierno corporativo del IE, que no se trata de contarlo todo, sino de explicar lo que es más importante y explicarlo de tal manera que se pueda entender. Ya no valdrá el viejo truco del informe al peso que nadie se atrevía a leer, escrito de manera tan farragosa que, en el caso de que alguien se atreviera, tampoco le iba a servir de mucho. Pero los tiempos cambian, y los grupos de interés han desarrollado un “sospechoso” interés por comprender aquello que cuentan las empresas. Algunos incluso quieren participar en el diseño de un nuevo modelo económico más justo, creador de valor social y ambiental ¡menuda desfachatez!
En este giro que están empezando a dar las cosas, surgen nuevas demandas por parte de los inversores. Así lo he entendido BBVA, que en su sitio web bancaparatodos.com desnuda sus indicadores de sostenibilidad con todas a las consecuencias, como nos presentó su director de sostenibilidad Tomás Conde. Otro buen ejemplo lo facilitaba Carlos Bravo, de CCOO, señalando que, como miembros de comisiones gestoras de fondos de pensiones, los representantes de su sindicato promueven la incorporación de criterios ASG (ambientales, sociales y de buen gobierno) entre los elementos de gestión de estos fondos. Dado que no todos los miembros de las comisiones conocen bien estos temas, desde el sindicato se facilita formación en la materia.
Al fin y al cabo, parece lógico que cada uno decida lo que hace con su dinero, si lo invierte, o no, y en qué. En la misma jornada, Mercedes Valcárcel, directora de la Fundación Isis, explicaba las dificultades existentes en nuestro país para que los pequeños inversores participen financieramente en determinados proyectos. La principal es el escaso desarrollo del capital riesgo, sometido a una regulación muy estricta que obstaculiza la puesta en marcha de proyectos de pequeña dimensión, como suelen ser muchos de los que encuentran en otros países bajo el paraguas de “capital riesgo social”. Aunque los numerosos requisitos normativos se han establecido para proteger a los inversores, se convierten, por otro lado, en elementos disuasorios a la hora de proponer productos de inversión con rentabilidades no solo financieras. La transparencia se configura, de nuevo, como un factor esencial a la hora de captar capitales y promover un nuevo entorno inversor.
El momento viene marcado por el advenimiento de nuevas regulaciones en la materia: el próximo Código de Buen Gobierno, que se encuentra en preparación, y la Ley de Transparencia, que pronto finalizará su andadura parlamentaria. Parece que la sociedad está necesitada de referencias vinculantes que refrenden lo que está bien y lo que está mal, que funcionen como pilares de la necesaria confianza que los ciudadanos deberíamos tener en nuestras instituciones ¿Por qué vinculantes? Porque se sigue desconfiando de los compromisos autoimpuestos, con la convicción de que, si vienen mal dadas, se acaban postergando. Aquí juegan un papel esencial los grupos de interés, sobre todo externos, a la hora de exigir a las organizaciones el cumplimiento no solo en materia económica. Algo que les obliga a mantener sus propios compromisos con la entidad y no dejarle traspasar determinadas líneas rojas. Ejemplos de activismo accionarial vemos cada vez más – muchos fuera de nuestro país -, reflejo de un compromiso firme de los accionistas con el negocio, mientras que en asociaciones y empresas familiares no extraña que se exija un prolijo rendimiento de cuentas a los administradores. Y no siempre se pedirán los libros de contabilidad.